Uruguay admite responsabilidad por “Muchachas de Abril”

Aunque oficialmente hay 197 personas desaparecidas por acciones atribuidas al Estado uruguayo entre 1968 y 1985, el caso de Diana, Silvia y Laura es emblemático.

Por EL ÁGORA / Foto: TWITTER

Por primera vez, el Estado uruguayo admitió públicamente su responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las llamadas “Muchachas de Abril” y por dos desapariciones forzozas ocurridas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985).

Se trata del segundo acto de reconocimiento de actuación estatal ilegítima durante el régimen ordenado a Uruguay por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Diana Maidanik y Silvia Reyes, de 21 años, y Laura Raggio, de 19, fueron acribilladas a balazos el 21 de abril de 1974, durante un operativo militar y policial desarrollado en Montevideo. Según la CorteIDH, la investigación judicial pudo “desvirtuar la versión oficial referente a un enfrentamiento”.

Las tres jóvenes militaban en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda que se levantó en armas contra el Estado a mediados de los años 1960 y fue derrotada en 1972. Pero el operativo se cree que iba dirigido contra Washington Barrios, también integrante del MLN-T, detenido en 1974 en Argentina y aún desaparecido. Reyes era su esposa y estaba embarazada.

La masacre está vinculada con las desapariciones de dos militantes comunistas: Luis Eduardo González, de 22 años, y Óscar Tassino, de 40, detenidos en la capital uruguaya el 13 de diciembre de 1974 y el 19 de julio de 1977, respectivamente.

Por el caso de las “Muchachas de Abril”, la Suprema Corte de Justicia ratificó el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército Juan Rebollo, en prisión domiciliaria. También, fueron involucrados en la causa los militares José Gavazzo y Eduardo Klastornik, pero ambos fallecieron durante el proceso judicial.

En la época de las ejecuciones, ejercía el poder el civil Juan María Bordaberry, quien fue presidente constitucional entre 1972 y 1973, y luego dictador, entre 1973 y 1976, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Cuando el político perdió la confianza de los generales, asumieron como presidentes sucesivamente Alberto Demicheli y Aparicio Méndez (1976 y 1981), y, posteriormente, el general Gregorio Álvarez (1981-1985).

Este jueves, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, prometió oficialmente: “Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso”.